- Disputa por el botín
Gustavo
Castillo
La Jornada,
12 de julio de 2013
La base
de mantenimiento de Mexicana de Aviación, con un valor de 120 millones de
dólares, es ahora el principal activo rentable de la compañía y el cual disputan
grupos empresariales en el concurso mercantil que se desahoga en tribunales,
cuya resolución podría llevar a la declaratoria de quiebra de la primera
aerolínea de América Latina.
Fuentes
gubernamentales y sindicales afirmaron que el ex presidente de Mexicana, Gastón
Azcárraga –a quien se señala como responsable de la crisis financiera de la
aerolínea– “pretende regresar al negocio con la posesión de la base de
mantenimiento (MRO, por sus siglas en inglés), por conducto del abogado Jorge
Gastélum y el ex líder de los pilotos Fernando Perfecto”, nombrado por el
litigante director de Nuevo Grupo Aeronáutico que agrupa las acciones de
Mexicana de Aviación, Click, Link y MRO.
Funcionarios
de alto nivel revelaron que la venta de MRO alcanzaría para pagar más de 50 por
ciento de las liquidaciones de más 8 mil 500 trabajadores afectados desde
agosto de 2010 por la suspensión de operaciones de la aerolínea, que este
viernes cumple 92 años de existencia.
“A la
vista de todos ocurrió la operación alacrán, es decir, la madre (Mexicana)
parió dos alacrancitos, los alimentó, los vio crecer; luego, ya creciditos,
fueron mal aconsejados y se comieron a su madre”, expresó una sobrecargo
jubilada que laboró 23 años para la aerolínea.
Consultados
por este diario, trabajadores que actualmente no perciben salario ni el pago de
pensiones comparten esa analogía y aseguran que “el mal consejero fue
Azcárraga”, quien “abusó de los activos y los préstamos para afianzar el
desarrollo de Mexicana y ahora busca la impunidad”.
La
incertidumbre también benefició a las denominadas aerolíneas de bajo costo,
cuyos dueños resultaron protegidos por la administración pasada y ahora ocupan
la mayoría de posiciones y rutas de la empresa en crisis.
El
sexenio calderonista concluyó sin un camino de solución para Mexicana y los 8
mil 500 empleos directos perdidos.
Al
analizar problema, altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto (el
procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y otros de las secretarías del Trabajo y
Hacienda, así como de Bancomext) elaboraron una “hipótesis de solución” al
problema.
Afirman
que ellos no dilatarán el conflicto y que el acuerdo con el Presidente de la
República fue que las denuncias debían resolverse conforme a derecho.
Según
esta “hipótesis”, un camino para el pago de liquidaciones (valuadas en conjunto
en unos 200 millones de dólares) sería sacar del concurso mercantil el MRO y
venderlo de acuerdo con su valor real (no menos de 120 millones de dólares)
para que se pueda emprender un plan de jubilaciones y de finiquitos.
Crear
una Mexicanita
En esa
mesa de propuestas tomó fuerza la idea de echar a andar una aerolínea pequeña
en la que pudieran ser empleados parte de los trabajadores y retomar la
creación de una Mexicanita, con el apoyo del gobierno federal mediante la
eventual condonación de la deuda con Bancomext, valuada en unos 780 millones de
pesos, por la cual nueve aviones quedaron en garantía.
Sin
embargo, la “hipótesis” topó con un “obstáculo”, calificado así por los
interlocutores de los funcionarios: Gastélum, quien supuestamente compró a
Azcárraga las acciones del NGA en mil pesos, transacción que no ha sido
asentada ante el Registro Público de la Propiedad ni acreditada ante el juzgado
que lleva el caso.
Este
diario solicitó una entrevista con el abogado para preguntarle con qué
intención promovió un incidente ante el juzgado del caso con la finalidad de
alcanzar un acuerdo entre acreedores de Mexicana y, en consecuencia, que la MRO
quedara fuera del litigio (y en manos de estos empresarios).
También
se le preguntaría por qué buscó negociar con Banorte una quita de la deuda de
Mexicana. En el despacho Gastélum y asociados no hubo respuesta a la petición
de los reporteros.
De
manera paralela, los sindicatos gestionan su propia alternativa de protección,
amparados en el derecho de huelga. El propósito es que ante un escenario de
quiebra, los activos de la aerolínea queden en manos de los trabajadores, como
marca la ley.
- Jorge Gastélum, un experto en el diseño de restructuras fallidas
Gustavo
Castillo
La
Jornada, 12 de julio de 2013
En
julio de 2005, el abogado Jorge Gastélum Miranda fue detenido en Alemania luego
de permanecer prófugo casi tres años para evitar ser juzgado por defraudar al
fisco con recursos generados por el Consorcio Azucarero Escorpión, conocido
como Grupo Caze. En la actualidad es propietario de las acciones de Nuevo Grupo
Aeronáutico, que compró por mil pesos a Gastón Azcárraga, presidente de
Mexicana de Aviación.
De
acuerdo con documentos de la Procuraduría General de la República, el grupo de
abogados que encabeza Gastélum Miranda elaboró en octubre de 1997 la propuesta
para la “restructura financiera de Consorcio Azucarero Escorpión”; planteó a
Enrique Molina Sobrino, dueño de Caze, que “se revisaran todos y cada uno de
los asientos corporativos en los libros de las empresas (incluyendo registros
de accionistas y asambleas) para adecuarlos a la estrategia legal que se
implemente para la defensa de Caze y sus accionistas”.
También
propuso una “estrategia legal para poder contener los potenciales
requerimientos judiciales y extrajudiciales, civiles, mercantiles o penales”
que en algún momento iniciaran los acreedores de Caze; sin embargo los nueve
ingenios que integraban el grupo fueron expropiados, ya que la compañía tenía
un endeudamiento superior a 80 por ciento del valor de sus activos.
Gastélum
se convirtió en consejero administrativo de Caze y en 2002 un juez federal con
sede en Puebla giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de
defraudación fiscal por un monto valuado entonces en 2 millones 706 mil pesos
- Errores de directivos, saqueo e inacción de la autoridad hundieron la empres
Miriam
Posada García
La
Jornada, 12 de julio de 2013
Mexicana
de Aviación dejó de volar hace 35 meses por “errores” de alta dirección, falta
de compromiso con el sector aéreo nacional, el saqueo de la empresa por parte
de los accionistas del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), encabezado por Grupo
Posadas, y la inacción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
a sabiendas de que la empresa con una concesión federal tenía problemas
financieros.
Y no ha
podido regresar a operar porque en un largo y confuso proceso de concurso
mercantil se permitió que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
retuviera en garantía de pago las pocas aeronaves propiedad de la aerolínea, en
lugar de dejar que siguieran volando para generar flujo de efectivo; se dejó
pasar la venta irregular de acciones a Tenedora K y de forma sistemática la SCT
se ha dedicado a poner obstáculos para que los 8 mil 500 trabajadores de
Mexicana de Aviación recuperen su fuente de empleo, afirmaron especialistas en
el tema.
Se
detectó un déficit desde 2008
Uno de
los antecedentes de que la SCT tenía conocimiento del manejo financiero de la
empresa consta en un acta circunstanciada sobre una inspección realizada por la
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a la aerolínea, en la que conoció
los estados financieros del primero de enero al 31 de diciembre de 2008, con
ingresos reportados por 19 mil 758 millones 254 mil pesos; gastos de operación
por 18 mil 615 millones 185 mil; gastos por venta y administración de mil 407
millones 105 mil; gastos por productos financieros de 515 millones 78 mil y
“otros gastos” por 185 millones 321 mil, por lo que la empresa tuvo una pérdida
total de 964 millones 435 mil pesos.
En el
acta, que forma parte de la defensa que han hecho los trabajadores de la
aerolínea, la DGAC reportó que “la empresa continúa presentando, como se
mencionó en las verificaciones de 2007 y 2008, una relación deficitaria entre
su activo y su pasivo; de acuerdo con los estados financieros auditados,
contaba con menos de 40 centavos en efectivo para pagar cada peso que adeudaba
a corto plazo. Su apalancamiento sigue siendo excesivo”, pero la SCT no
intervino ante esas irregularidades.
Además,
Mexicana no es dueña de su imagen ni de su marca. El 29 de diciembre de 2009,
el NGA elaboró un contrato de cesión de derechos que fue avalado el 22 de
febrero de 2010 por el notario público Armando Gálvez Pérez Aragón. En el
documento, Mexicana se comprometió a transferir al NGA cualquier marca o aviso
comercial que tuviera dentro y fuera de México, además de las 213 marcas, 26
avisos comerciales y 10 solicitudes de registro que la empresa ya le había
“cedido” y que el NGA inscribió en el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.
En el
caso de Mexicana de Aviación no hay responsables que rindan cuentas ante la
justicia, afirmó el abogado de los trabajadores de tierra, Joaquín Ortega
Esquivel. Explicó que este gremio, junto a los pilotos y sobrecargos han tenido
que documentar irregularidades y presentar denuncias ante la PGR y la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en defensa de su
fuente de empleo.
Héctor
Moreno, investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, afirmó que la
situación de Mexicana es producto de un proceso “largo y planeado de
desmantelamiento mediante la creación de (las filiales) Click y Link, y la
sustracción de activos por parte de los accionistas”, quienes realizaron
prácticas empresariales dudosas pero públicas, por lo que la autoridad pudo
haber intervenido.
Hasta
ahora, dijo, no se ha explicado por qué al estar Mexicana en concurso mercantil
Bancomext y Banorte intervinieran bienes básicos, como aviones y dinero
producto de ventas de las vacaciones de verano.
“En un
concurso mercantil hay derecho de prelación, pero antes que Bancomext y Banorte
estaban como acreedores los 8 mil 500 trabajadores”. En el caso de Bancomext y
la SCT hay una “inexplicable falta de visión de negocio de autoridades que se
dedican al negocio. Son errores que parecen consignas”.
La
caída en picada de la aerolínea inició el 3 de agosto de 2010, luego de que el
director, Manuel Borja Chico, anunció que estaban en una “difícil” situación
financiera ocasionada por los “costosos” contratos colectivos de trabajo. La
empresa buscaba reducir su personal 40 por ciento, y no pretendía el “rescate”
del gobierno federal, aseguró el ejecutivo.
Después
tres tiempos han marcado el descenso: la repentina venta de acciones en mil
pesos a Tenedora K; la retención en garantía de las aeronaves por Bancomext,
junto con el flujo de dinero por ventas en México, mientras que los ingresos
por ventas en el extranjero fueron reclamados por Banorte; la aparición de un
círculo perverso que consiste en la infructuosa búsqueda de un inversionista
que disponga de 250 millones de dólares, y la constante negativa de la SCT a
entregar el Certificado de Operador Aéreo (COA).
El 28
de agosto de 2010 Mexicana de Aviación dejó de volar y el 7 de septiembre el
entonces juez decimoprimero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo Soto,
admitió que entrara a concurso mercantil, poniendo bajo resguardo dos de los
bienes más preciados de la empresa: las rutas y los slots, que se dieron para
explotación temporal a las aerolíneas que hoy dominan el mercado.
Desde
entonces han transcurrido más de mil días y por este caso han pasado dos
presidentes de la República, tres secretarios de Estado, dos jueces, dos
administradores y más de 30 grupos inversionistas interesados, pero sin
recursos –según la autoridad–, y los trabajadores han presentado por lo menos
cinco denuncias contra los inversionistas encabezados por Gastón Azcárraga, sin
que haya resultados.
Hoy los
trabajadores están en espera de que la juez Edith Alarcón se pronuncie por la
quiebra, decida que algunos inversionistas interesados son capaces de reactivar
la aerolínea o conceda a los sindicalizados la oportunidad de que ellos pongan
en marcha el plan de negocios que presentaron a la SCT.
La SCT,
como desde hace casi tres años, se mantiene a la espera de la decisión de la
juzgadora y hasta el momento no se ha fincado responsabilidad legal contra
nadie por la situación de la empresa, a pesar del reclamo de los trabajadores.
- En Gobernación “sólo se lavaron las manos”, afirma sobrecargo
Ariane
Díaz
La
Jornada, 12 de julio de 2013
La
reunión que sostuvieron los sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación con
mandos medios de la Secretaría de Gobernación el pasado miércoles fue
“infructuosa”, pues “sólo se lavaron las manos al decir que la juez tiene la
última palabra”, afirmó Dulce María Mejía, quien en marzo pasado sostuvo una
huelga de hambre en demanda del pago de las pensiones de casi 650 sobrecargos.
Entrevistada
en el plantón que mantiene con otros sobrecargos en igual situación en la
Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuestionó: “¿De
qué sirvió ir a Conciliación y Arbitraje con la presencia de Gobernación si al
final no estamos protegidos y nadie responde por nuestras jubilaciones?”
El
pasado miércoles, la sobrecargo –con 23 años de servicio en Mexicana y cinco de
jubilada cuando la aerolínea dejó de operar–, acudió en compañía de Rogelio
Martínez a Gobernación donde fueron recibidos por mandos medios: “nos dijeron
que no nos pueden dar respuesta sobre nuestro pago; les dijimos que buscaran la
intervención de los altos mandos, como el secretario Osorio Chong, para que
plantee al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que atienda
prioridades, pues nosotros nos morimos de hambre”.
Explicó
que fue “devastador” acudir a otra cita de la que salieron sin resultados,
porque “nada más nos tienen con minutas y no hay nada; nosotros queremos
respuestas concretas, no podemos ni enfermarnos ni morirnos siquiera”.
En el
encuentro insistieron en la posibilidad de abrir el fideicomiso mediante el
cual se pagaban las jubilaciones o de echar mano de los ingresos de la base de
mantenimiento de la empresa, pero los funcionarios afirmaron que ellos no
tienen posibilidad de intervenir.
- Mexicana debe pagar: AMAV
Miriam
Paredes
Excélsior,
12 de julio de 2013
La
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) continuará con las
gestiones necesarias para que Mexicana
de Aviación le pague de la mejor forma posible los adeudos que tiene con
diferentes prestadores de servicios, señaló Julio Castañeda Carrión, presidente
del organismo.
Dijo
que la empresa, que era controlada por
Gastón Azcárraga, ex presidente de Grupo Posadas, tiene un adeudo con las
agencias de viajes por alrededor de 200 millones de pesos.
Además
de que a los hoteleros les adeuda alrededor de 120 millones de pesos más. Sin
embargo, dijo que la cifra más fuerte la tienen los clientes quienes compraron
en el outlet de Mexicana más de mil millones de pesos.
“Aún no
hay un acuerdo al respecto, pues se sigue en el concurso mercantil, pero
seguiremos peleando”, dijo.
Cabe
recordar que la tercera aerolínea más antigua del mundo está por cumplir tres
años en tierra, y la juez encargada de su concurso mercantil, Edith Alarcón
Meixueiro, aún no toma una definición respecto de lo que sucederá con su
convenio concursal una vez que la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) no vetó dicho documento.
Afectación
Armando
de la Cruz Uribe, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
(AMHM), dijo que se ha ofrecido a los hoteleros que la aerolínea sólo les pague
diez por ciento de la deuda, en siete años.
“Es una
burla y las autoridades deben tener mano firme para que la delincuencia de
cuello blanco no perjudique a un sector tan importante para el país como lo es el turismo, pues la
salida de Mexicana dejó un receso en la industria que podría recuperarse hacia
finales de 2013”.
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