• SCT no vetó el convenio concursal para Click, pese a faltar inversionista

Miriam Posada García

La Jornada, 24 de junio de 2013

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no vetó el convenio concursal que presentó el conciliador Gerardo Badín para Click, una de las tres aerolíneas del Nuevo Grupo Aeronáutico, a pesar de que no existe un inversionista, y dejó en manos de la juez rectora del concurso mercantil la decisión sobre el futuro de la empresa en lo que a este proceso concierne.

La SCT señaló al juzgado decimoprimero de distrito en materia civil que busca el beneficio de los trabajadores, por lo que aceptó el convenio concursal a pesar de que faltan elementos como la existencia del inversionista y que la empresa no haya demostrado que tiene capacidad administrativa, jurídica, financiera y operativa para regresar al aire.

En otra arista de la crisis de Mexicana y la lucha de los trabajadores por rescatar su fuente de empleo, este lunes tendrán la primera audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para exigir que Banorte y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) se conviertan en sus patrones sustitutos y les paguen un pasivo laboral de 14 mil millones de pesos.

La demanda para que Banorte y Bancomext sean los patrones sustitutos se basa en que el primero tiene bajo su resguardo las acciones del Nuevo Grupo Aeronáutico que aglutinan a todas las empresas, incluidas las tres aerolíneas, y también todos los recursos obtenidos por la venta de boletos en el país; mientras Banorte tiene en su poder las aeronaves y el flujo por venta de boletos en el extranjero.

Uno de los mayores temores de los trabajadores de Mexicana era que la SCT vetara los convenios concursales a los que llegó el conciliador con sus acreedores, ya que eso conduciría a la quiebra, de acuerdo con la explicación del abogado de los trabajadores de tierra, Joaquín Ortega Esquivel.

Con la aceptación de la SCT del convenio de Click se libró el primer obstáculo y en unos días se sabrá si la secretaría acepta o veta el convenio concursal de Mexicana de Aviación, ya que a partir del 24 de junio empieza el tiempo legal en el que la dependencia deberá conocer el documento para vetarlo o aceptarlo, y permitir que continúe el proceso para que la aerolínea regrese al aire.

• Van contra consejeros de Mexicana y PGR arma nuevo expediente de Azcárraga

Darío Celis

Excelsior, 24 de junio de 2013

Fue el 14 de mayo pasado cuando la magistrada del Tercer Tribunal Unitario de la Ciudad de México, Olga Estrever, libró la orden de aprehensión contra los integrantes del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación por el delito de defraudación fiscal.

Se trata de un segundo intento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ahora preside Aristóteles Núñez, de llevar a la cárcel a los responsables de la quiebra y desaparición de la que fuera la principal aerolínea comercial del país y una de las más antiguas del mundo.

Pero la demanda no alcanza aún a Gastón Azcárraga porque éste diseñó una estructura piramidal en la que no figura en el Consejo de Mexicana, sino en el consejo de la holding Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), junto con otros socios como Ricardo Atman, Juan Gallardo y Ángel Losada.

Con todo, es incorrecto decir que Azcárraga Andrade esté libre de una potencial orden de aprehensión. Le puedo adelantar que una de las encomiendas que tiene Jesús Murillo en la Procuraduría General de la República (PGR) es integrar un expediente contra el empresario.

Definitivamente no va a ser por defraudación fiscal, porque no hay elementos en ese ámbito, no así en otras actividades financieras y comerciales cuyas líneas de investigación están en marcha. Pudiera ser el segundo golpe del gobierno de Enrique Peña después de Elba Esther Gordillo.

Pero volviendo al expediente que resolvió la magistrada Estrever, las órdenes que se libraron son contra Manuel Borja Chico, Ricardo Bastón Aguilar, Félix Manuel Sánchez, Jorge Eduardo Gámez, Gerardo Barrera Segura, Isaac Volin Bolok y Claudio Visintini Freschi.

Algunos de ellos lograron atajar el año pasado la consignación, tras de que la juez Segunda de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Graciela Malja Aguirre, negara la petición. Entonces la PGR apeló y ahora vuelve en segunda instancia.

Las autoridades están fincando responsabilidad por una defraudación fiscal superior a los 550 millones de pesos. Cerca de 300 millones son de Impuesto sobre la Renta retenido no enterado y alrededor de otros 250 millones de Impuesto al Valor Agregado por la venta de boletos.

Este expediente se suma a otro que igualmente se activó la semana pasada y que tiene que ver con la admisión que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hizo de una demanda presentada por los tres sindicatos de Mexicana contra Banorte y el Bancomext.

Los gremios de pilotos que lidera Carlos Morineau, sobrecargos que capitanea Ricardo del Valle y trabajadores de tierra que encabeza Miguel Ángel Yúdico, demandaron hace tiempo que dichos bancos asumieran el papel de patrones sustitutos de los ocho mil 500 empleados.

Los sindicatos justifican su petición bajo el argumento de que las instituciones que manejan Guillermo Ortiz y Enrique de la Madrid tienen la posesión de bienes y activos de la aerolínea a través de un fideicomiso instituido en el HSBC, que preside Luis Peña Kegel.

En esa tesitura Banorte y Bancomext habrían retirado recursos provenientes de la venta de boletos, tanto en México como en el extranjero, flujos que le habrían permitido a la aerolínea seguir operando. Se habla del cobro de unos mil 300 millones de pesos por ese concepto.

Los sindicatos denuncian la apropiación indebida de los recursos, pues la Ley de Concurso Mercantil los considera acreedores privilegiados para cobrar. A su vez, el mismo SAT podría reclamar el IVA de esos boletos y los grupos aeroportuarios la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

Así que a días de que se decrete la quiebra se empiezan a mover algunos recursos legales.

• Gastón Azcárraga (Caso Mexicana)

Terra, 24 de junio de 2013

Ciudad de México.- A mediados de mayo se reinició una orden de aprehensión contra los integrantes del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación por el delito de defraudación fiscal, informó este lunes el columnista Darío Celis.

La orden fue librada por Olga Estrever, magistrada del tercer tribunal unitario en la Ciudad de México; sin embargo, no ha sido inculpado el mayor accionista de la aerolínea, Gastón Azcárraga, sobre quien podría iniciarse una investigación adelantó Celis.

En su espacio editorial, el periodista indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) busca integrar un expediente contra el empresario relacionado con actividades financieras y comerciales cuyas líneas de investigación están en marcha, sin dar más detalles.

Anteriormente, la indagatoria en torno a la quiebra y extinción de la que fuera la principal aerolínea del país, no tocó al empresario debido a que no figuró en pirámide estructural de dicho consejo, sino en el consejo del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA)

Por el momento se han librado órdenes contra Manuel Borja Chico, Ricardo Bastón Aguilar, Félix Manuel Sánchez, Jorge Eduardo Gámez, Gerardo Barrera Segura, Isaac Volin Bolok y Claudio Visintini Freschi.

Se les acusa por una defraudación fiscal superior a los 550 millones de pesos (mdp), de los cuales, de acuerdo con la publicación, 300 mdp son del Impuesto sobre la Renta retenido no enterado, en tanto que 250 mdp del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la venta de boletos.

A esta demanda se sumó la semana pasada otro expediente en donde los tres sindicatos de Mexicana demandaron a Banorte y Bancomext, quienes aseguran que dichos bancos asumieron el papel de patrones sustitos de los ocho mil 500 empleados.

• Evite que lo manden 'a volar'

Alan Miranda

Reforma, 24 de junio de 2013

Una visita a los principales aeropuertos del País durante la temporada vacacional basta para hallar decenas de pasajeros inconformes por el servicio que recibieron de las aerolíneas.

Muchos protestan porque sus maletas están perdidas, se dañaron o les faltan pertenencias; otros, porque sus vuelos se cancelaron y algunos más, porque, debido a la sobreventa, no alcanzaron lugar en el avión a pesar de haber comprado sus boletos.

Otra de las quejas que se han vuelto recurrentes en los últimos años tiene que ver con que los usuarios no obtienen las mismas condiciones que les prometieron en anuncios.

Por ejemplo, muchos se dan cuenta que tienen que pagar algún cargo adicional no especificado en los comerciales para acceder a los beneficios prometidos.

Están también quienes deben desembolsar cientos de pesos extras por concepto de exceso de equipaje y aquellos cuyos vuelos registran retrasos considerables.

Lo que no todos los viajeros saben es que, como sucede con cualquier otro servicio, las compañías dedicadas al transporte aéreo de pasajeros están obligadas a cumplir con diversas disposiciones que protegen a los consumidores.

En esta industria, los documentos legales más importantes son la Ley de Aviación Civil y su reglamento, además de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La mayoría de las prácticas que provocan el malestar de los usuarios están plenamente identificadas en estos documentos normativos, los cuales obligan a las aerolíneas a otorgar compensaciones.

Ejemplo de esto es la pérdida o el daño de maletas, pues de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Aviación Civil, las aerolíneas deberán pagar hasta 40 salarios mínimos - alrededor de 2 mil 590 pesos - cuando destruyan o averíen el equipaje de mano de un pasajero.

Si los daños son al equipaje documentado, la suma que las compañías deben desembolsar puede ascender hasta los 75 salarios mínimos, es decir, 4 mil 857 pesos.

En el caso de las cancelaciones, la situación se torna un poco más compleja, ya que éstas pueden ser atribuibles a las aerolíneas o causada por factores externos, como malas condiciones del tiempo o razones asociadas a los aeropuertos.

Un ejemplo de esto fueron las obras de mantenimiento llevadas a cabo en las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entre agosto y septiembre de 2012, las cuales provocaron la cancelación de 64 operaciones tan sólo durante la primera jornada.