• Los tiraderos de Felipe

Rosario Avilés

La Crónica de Hoy, 23 de octubre de 2012

Una de las primeras cosas que tendrá que hacer el próximo subsecretario de Transporte será desmadejar todo el tiradero que quedará de una de las peores gestiones que se recuerden y comenzar a poner orden en el subsector transporte aéreo (seguramente habrá que hacer lo propio en otras áreas de este sector, pero a nosotros nos corresponde hablar de éste).

Entre los muchos entuertos que deja esta administración en el rubro aéreo, está el asunto de los acuerdos “extra” bilaterales de aviación que, en rigor, no deberían existir porque las leyes mexicanas son muy claras en cuanto a que cualquier tratado internacional debe ser aprobado y sancionado por el Senado de la República, cosa que en este caso no ha sucedido, lo cual implica que pueden ser declarados nulos.

Lo interesante será saber qué tendremos que pagar a cambio como país. Es decir, una vez que países como Estados Unidos le hicieron el “favor” a un funcionario mexicano, de aceptarle un acuerdo que no estuviera hecho “como Dios manda” (o al menos como “Dios sugiere”) habrá que explicar cosas y tal vez aceptar acuerdos del tipo “lo caído, caído” que, en resumen, implican pedir perdón por haber regalado todo.

Aparejado a esto, muchos de los actores del sector aéreo se quedan sumidos en la indefensión. Aparentemente, una vez que Mexicana se quedó en tierra gracias a la velocidad y la enjundia mostrada por las autoridades para apoyar al sector, los funcionarios federales le estaban “haciendo un favor” a Interjet y a Volaris al autorizarles el uso de slots, rutas y frecuencias, pero éstos son parte del bagaje de Mexicana dentro del Concurso Mercantil y por lo tanto, de alguna manera, están en litigio. Resultado: ni están aquí ni están allá: otro limbo jurídico que este gobierno le hereda al siguiente.

Algo semejante ocurrirá con el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y sus slots. Resulta que hace años que ASA promovió que el Aeropuerto Internacional de Toluca volviera a tener viabilidad. Para ello, se formó una empresa, se invirtieron más de 250 millones de dólares para dejar a esta infraestructura operando como era debido (en Categoría III de OACI, es decir, con luces de pista, ILS y todos los aditamentos del caso) y se estableció todo un programa de promoción que incluyó un substancial ahorro (subsidio) para las empresas que decidieran apostar por este proyecto.

Desde el inicio, Volaris e Interjet, que se presentaron como “de bajo costo” hablaron de aeropuertos secundarios como parte del modelo low cost y aparentemente aceptaron el reto de darle viabilidad operativa a Toluca.

Pero bien pronto se les presentó la oportunidad de irse a su verdadero objetivo: el AICM y hacia él huyeron, dejando a Toluca sin ingresos, sin vuelos y sin viabilidad, colgados de la brocha con sus inversiones e incluso con sus promesas de aforo a la autopista donde lograron un substancial ahorro con la promesa de darle más viajeros que los habituales.

Como el asunto no tiene para cuándo resolverse y los susodichos “emergentes” no quieren volver a Toluca, nadie sabe en qué va a parar el asunto. Ya sabemos que en este país no hay nada más permanente que lo efímero.

Otro de los muchos pendientes se refiere a la suerte del actual aeropuerto y su posible solución. Se dijo que el gobierno federal había comprado terrenos en Atenco para poder construir el nuevo aeropuerto en Texcoco, pero si esto es cierto o no, no lo sabremos porque ya no tienen tiempo de anunciar nada.

Lo mismo ocurre con la política de Estado, de largo plazo, en el sector transporte aéreo. Tanto tiempo invertido, tanto trabajo, tanto talento, para que todo se quede en veremos. No hubo ni ganas, ni tiempo, ni capacidad para emitir una política aunque fuera mediana.

Algo similar ocurre con el tema de Mexicana de Aviación. Sin lograr su ambición de quebrar a la empresa aérea más antigua de América Latina, estos funcionarios se van con la derrota a cuestas: ni picharon, ni cacharon, ni batearon. La quiebra significaría un quebranto de alrededor de mil millones de dólares para el erario público, suficiente para fincar algunas responsabilidades.

Y en el final de todo, la Dirección General de Aeronáutica Civil, con sus departamentos de licencias, investigación de accidentes (que aún no logra saber qué paso con el accidente del ex secretario Blake), supervisión y vigilancia, todos los cuales languidecen sin remedio. El control de tránsito aéreo cuyo principal logro fue deshacerse de Agustín Arellano y Ever Molina; Medicina de Aviación que terminó engullida por Medicina del Transporte y el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, que hoy parece un mal fantasma del ayer.

En medio de todo ello, Felipe el descabellado, que sólo espera 27 días hábiles para brincar a alguna posición entre sus favorecidos o posibles empleadores. ¡Pobre país! Tan lejos de la modernidad y tan cerca de la ignominia